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Demandarán al Gobierno de Cospedal por los impagos a personas dependientes
CT / Toledo - 08/03/2012

La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, organización representativa de este colectivo y sus familias, denunció el martes 6 de marzo que el Gobierno regional acumula de nuevo impagos de dos mensualidades a estas personas y sus cuidadores, por importe de más de 22 millones de euros, al tiempo que anunciaba "la realización de acciones contundentes y directas en la calle", así como la presentación de una demanda judicial.

A través de un comunicado de prensa, la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha precisó que "esta situación se está repitiendo de forma sistemática durante los últimos nueve meses".

La Plataforma señala en su escrito que "estamos expectantes ante las explicaciones que desde la Junta van a dar a los nuevos impagos. Suponemos que ahora no los justificarán con el manido argumento, repetido en numerosas ocasiones, de que «nosotros pagamos al ritmo que nos marca el Gobierno Central», a no ser que quieran acusar al señor Rajoy de mal pagador e incumplidor de la ley".

La organización que defiende a los dependientes castellano-manchegos precisa que la demanda judicial que se dispone a interponer denunciará "el incumplimiento del artículo 32.1 de la Orden de 23 de Diciembre de 2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se establece el Catálogo de Servicios y Prestaciones económicas de la Ley de Dependencia", que regula "de forma clara e inequívoca que el abono de las prestaciones económicas se realizará en 12 mensualidades y mediante transferencia bancaria a la cuenta cuyo titular deberá ser la persona en situación de dependencia".

Por último, el comunicado de la Plataforma adelanta que solicitarán al juez "la adopción de medidas provisionales, que podrían incluir el embargo preventivo del Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, o cualquier otro bien como los coches oficiales", para asegurar de este modo la materialización de "una futura sentencia favorable" a sus peticiones.

De hecho, la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha comenzado a preparar la demanda con una recopilación de información sobre el número de personas afectadas, su grado de dependencia reconocido, la prestación que tienen concedida y los perjuicios de todo orden que están produciéndoles los impagos.

PARTICIPACIÓN, PERO SIN DEPENDIENTES

El mismo día que la Plataforma hacía público su comunicado, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba el Decreto de creación de la Comisión de las Políticas de Discapacidad de Castilla-La Mancha, organismo que se crea para "arbitrar fórmulas efectivas de integración profesional, laboral, cultural y social de las personas con discapacidad con objeto de generar condiciones reales de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal en toda clase de entornos, productos y servicios".

Pese a que el decreto señala que "esta tarea debe realizarse en diálogo permanente con el tejido asociativo de la discapacidad, que tradicionalmente ha impulsado la acción pública y la acción cívica en materia de igualdad y derechos de las personas con discapacidad", lo cierto es que en su composición se excluye la presencia de la Plataforma de la Dependencia, que así lo había solicitado expresamente nada más anunciarse la próxima aprobación de la norma.

Así, junto a distintos representantes del Gobierno regional, el decreto "considera necesaria la participación de representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), así como la de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha".

 








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